Un depósito del 0,2% del PIB nominal que a los seis meses podrá convertirse en multa y que, tres meses después, derivaría en la visita de una delegación ministerial para valorar la situación económico presupuestaria de la Administración correspondiente, son las sanciones que la futura ley de Estabilidad Presupuestaria prevé para las Administraciones incumplidoras.
Así lo ha aprobó el Consejo de Ministros en su reunión del viernes 27 de enero. Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que no se ajusten a los objetivos de déficit o a su plan económico financiero serán sancionadas con las pautas mencionadas. Además, el cumplimiento de esos objetivos será tenido en cuenta para cuestiones tales como autorizar emisiones de deuda, concesión de subvenciones y suscripción de convenios.
El Anteproyecto aprobado tiene como finalidad principal el control del déficit mediante la estabilidad y sostenibilidad presupuestarias, claves para el crecimiento económico y la creación de empleo. La FEMP, en nombre de los Gobiernos Locales, ya dio su respaldo a los contenidos del texto en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
Los elementos fundamentales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son, entre otros, la introducción de deuda pública como criterio de sostenibilidad
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