El Presidente de la FEMP, Abel Caballero ha destacado los efectos restrictivos de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), una norma que contribuyó a limitar la acción de los Gobiernos Locales, vulneró la autonomía local y supeditó a los Ayuntamientos a otras Administraciones. En el transcurso del debate auspiciado por el Consejo de Estado, Caballero, junto con la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han coincidido en la necesidad de completar un proceso descentralizador que quedó detenido en las Comunidades Autónomas y que representa que los Ayuntamientos hayan quedado “con la misma presencia que teníamos en los años ochenta”, en palabras del Alcalde de Vigo.
Para el Presidente de la FEMP, la LRSAL, que vino vinculada a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se movió en “sentido contrario” a las necesidades de los Gobiernos Locales, “comprimiendo competencias y financiación”. Con la regla de gasto y el techo de gasto, los Ayuntamientos “no pudieron gastar más, no pudimos actuar. Claro que redujimos nuestra deuda, porque se produjo una contracción importantísima de nuestro propio gasto”, aseguró. “Y acumulamos casi 18.000 euros de superávit en los bancos por los que además teníamos que pagar”.
“En la pirámide del Estado no estamos supeditados y, sin embargo, la LRSAL hizo como si lo estuviéramos”. Con esta afirmación de Caballero coincidió Ada Colau, que se refirió a los gastos impropios subrayando que “el tratamiento que da la LRSAL a estos gastos es que no se garantiza la financiación de servicios como la atención social”, de especial relevancia en las ciudades, ni la educación ni los servicios sanitarios. “Hay que resolverlo ya por el bien de todos” porque, según coincidieron los tres intervinientes, la actuación municipal en la pandemia ha hecho que los Ayuntamientos actuaran sin tener competencias expresas ni fondos extraordinarios.
Caballero aseguró que para los Ayuntamientos prestar servicios tanto en el ámbito social como en educación o sanidad, ha creado una situación “insoportable”, porque “tenemos que pedir permiso para hacerlo y pagar una parte importantísima, pero sin presencia ni compensación”. Y añadió que “por la vía del hecho, las ciudades ocupamos una parte fundamental del trabajo y de la atención que no tenemos reconocida. Por eso reclamamos la segunda gran descentralización, porque estamos atendiendo sin capacidad financiera”. Resumió diciendo que “la realidad de los Ayuntamientos va por un lado, en una dimensión, y la ley por otra; necesitamos una nueva ley de Administración Local y una nueva financiación”.
A su juicio, la arquitectura institucional del Estado no está acabada. Por eso, desde la FEMP se está trabajando para reforzar el reconocimiento y las competencias locales ante una reforma constitucional. "¿Por qué no hay senadores por designación de la FEMP?", se preguntó. Y añadió que “en la mente de algunos gestores de lo público aún persisten los Ayuntamientos de los años 70. Pero ya somos y operamos de otra forma, tenemos otras estructuras administrativas, queremos participar en cuestiones que nos afectan, como la regulación de asuntos locales”. “Somos Estado, queremos formar parte del cuerpo del Estado con el resto de las instituciones de la arquitectura del Estado”.
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