La FEMP forma parte del Pacto por la Ciencia y la Innovación presentado por el Ministro Pedro Duque que contempla “una serie de compromisos concretos en cuanto a recursos, organización del sistema y Recursos Humanos, principalmente para incrementar de forma sostenible la inversión pública en I+D+I”.
El Pacto, recogido en el texto que se incluye a continuación, fija un horizonte “mínimo” de actuaciones para los próximos años y representa un acuerdo inequívoco de la sociedad civil sobre la importancia determinante que deben tener ciencia e innovación en el día a día de España.
La implicación de las Entidades Locales, a través de la FEMP, quedó fraguada en una reunión mantenida entre Abel Caballero y el Ministro Duque en la que el Presidente de la Federación resaltó que los Gobiernos Locales “son la vía para que las estrategias del Ministerio se traduzcan en medidas concretas y para llevar al Ministerio las necesidades que tienen los territorios. Vamos a ser -destacó Caballero- correa de transmisión de la Ciencia y la Innovación”.
El texto ha sido refrendado por una treintena de organismos e instituciones como son la Asociación de Empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales (AMETIC), la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), la Asociación Española de Start-Ups, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC), la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), FarmaIndustria, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), la Cámara de Comercio de España, CEOE, CEPYME, UGT, la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Red Innpulso o las Fundaciones Areces, COTEC, Instituto Roche, la Fundación Pasqual Maragall o la Fundación Telefónica.
Pacto por la Ciencia y la Innovación
El conocimiento y la innovación son esenciales para mantener y mejorar el bienestar social y el crecimiento económico. La competitividad y la productividad del tejido económico depende, casi en exclusiva, de la cantidad de conocimiento avanzado incorporado por la actividad productiva y, por ende, de su continua renovación. La investigación en las ciencias naturales, sociales y humanas es fuente de valores y enriquecimiento cultural.
Este pacto nace en una especial situación de crisis social y económica, frente a la que la Unión Europea plantea un Programa de Reconstrucción y España apuesta con firmeza por la ciencia y la innovación como valor estratégico y pilar del bienestar y del crecimiento. Es el momento de hacer explícito el acuerdo existente de la sociedad civil española sobre el papel central de la ciencia y la innovación.
Proponemos un pacto sucinto que contempla, únicamente, los aspectos básicos y evaluables que ha de asumir la acción política en cuanto a recursos, organización del sistema y personas. El propósito principal es incrementar de forma razonable la inversión pública necesaria tanto en ciencia (centros de investigación, universidades y otros actores del sistema) como en innovación, para alcanzar la media de inversión de la UE en I+D+I. Este es un objetivo de mínimos ampliamente consensuado entre todos los actores económicos, sociales y políticos, convergiendo también en la distribución de la inversión de I+D+I entre el sector público y el privado. La Comisión Europea ha marcado recientemente como meta para 2030 que los Estados Miembros inviertan en total, entre público y privado, el 3% del PIB en I+D+I, y que la inversión pública represente el 1,25% del PIB. En 2018, último dato consolidado, ésta fue en España del 0,52% del PIB. Además del incremento de recursos, debemos asegurar el relevo generacional y la atracción y retención de talento, así como garantizar el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Este Pacto compromete a los siguientes puntos:
1. Recursos: Una financiación acorde con las prioridades del país. Que la financiación pública en I+D+I, excluyendo partidas financieras, aumente regularmente de forma que alcance el 1,25% del PIB en 2030, lo que supondrá llegar al 0,75% antes de 2024. Que se refuercen, en la misma proporción, las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de innovación empresarial, con especial atención a las PYMES. En caso de reducción del gasto público, que la financiación en I+D+I no se reduzca en valor absoluto.
2. Sistema: Autonomía y coordinación de las entidades financiadoras de I+D+I. Que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dispongan de los recursos y autonomía necesarios para asegurar que su dirección estratégica y funcionamiento estén basadas en la excelencia científica e innovadora. Que la distribución competencial, sea cual sea ésta, garantice la dirección estratégica común y la óptima coordinación entre estos organismos y con los propios de las Comunidades Autónomas.
3. Personas: Incorporación, recuperación y consolidación del talento científico e innovador: Que se consolide una carrera pública estable y predecible para el personal investigador y técnico equivalente a las de los países más avanzados. Que los investigadores cuenten desde el inicio con los medios materiales y administrativos necesarios. Que se doblen los recursos públicos actuales para la incorporación y formación de personal de I+D+I en las empresas.
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